La purga apenas fue televisada

El expediente de Globovisión Tele C. A. está bajo reserva: el documento que da cuenta de sus propietarios, acciones y capital no está disponible al público desde la venta del canal en mayo de 2013. “Está en custodia y desconocemos su ubicación”, es la respuesta que ofrecen en el Registro Mercantil Primero de Caracas cuando alguien pide revisarlo. Los datos de las compañías inscritas en Venezuela -archivados en los distintos servicios mercantiles del país- son de libre consulta ciudadana, con un único requisito: mostrar la cédula de identidad. Pero eso no funciona con el caso de Globovisión: la encargada de los documentos en custodia (aquellos bajo averiguación legal) bombardea con preguntas al solicitante: quién es, de dónde viene, para qué lo quiere, por qué ése y no otro. Y luego niega la posibilidad de consultarlo: “Ven en 20 días a ver, pero no doy garantía”. Dos semanas después, la imprecisión es igual: “Aún no se puede (…) Tendría que hacer una labor detectivesca para saber exactamente quién lo tiene”. Las negativas continuaron en visitas posteriores. La opacidad se impone: los detalles de la compra de Globovisión no se pueden certificar.

Carlos Zuloaga, antiguo propietario del canal tradicionalmente reconocido como opositor al Gobierno nacional, dio a conocer su decisión de vender desde principios de 2013. En marzo explicó a los trabajadores, en una asamblea, que la transacción se ejecutaría después de los comicios presidenciales del 14 de abril, en los que competían los candidatos Nicolás Maduro, abanderado por el partido de gobierno, y Henrique Capriles Radonski, en representación de la oposición venezolana. El evento electoral definía la continuidad o no del proceso revolucionario tras la muerte del comandante Chávez, y el dato sobre el cambio de manos en la propiedad del canal era relevante, pues Globovisión serviría –como, de hecho, sirvió- de única bocina difusora para la campaña de Capriles, vetado de hecho en otros  medios.

Para entonces Globovisión tenía sobre sí la amenaza de diez procedimientos legales abiertos en su contra por el ente regulador. Solo de esos procedimientos, de prosperar, impondría al canal una multa de 2,1 millones de dólares, cifra que representaba 7,5% de sus ingresos brutos anuales. “Globovisión es inviable económica y jurídicamente”, afirmó Zuloaga, recuerdan sus empleados.

La batuta de la televisora entonces quedó, dos meses después de ese anuncio, en manos de personajes reconocidos en el sector financiero: Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero, propietarios de Seguros La Vitalicia. Eso fue lo que Leopoldo Castillo –productor nacional independiente y entonces conductor del programa Aló Ciudadano, uno de los emblemas de la grilla del canal-, informó, en presencia de los nuevos dueños, a los empleados del canal, afirman periodistas consultados.

La promesa de la nueva gerencia -la misma formulada antes por Zuloaga- fue mantener la plantilla de trabajadores y la esencia de la línea editorial, con una diferencia considerada un punto a favor de la labor periodística: la apertura de la fuente oficial, antes negada en represalia a la postura crítica del canal. La propuesta consistía en informar con mayor equilibrio, algo propio del periodismo profesional, a lo que nadie se podía negar.

Hasta entonces, los vínculos más que aparentes entre los nuevos directivos y el gobierno fueron, precisamente, una de las principales inquietudes de los reporteros. Manifestaron interés, por ejemplo, sobre sus relaciones con el militar retirado Alejandro Andrade, quien trabajó como guardaespaldas del ex presidente Hugo Chávez y también como tesorero nacional y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), y sobre quien pesan denuncias por irregularidades administrativas con recursos del Estado. “No solamente lo conozco sino que es mi amigo del alma”, contestó Gorrín, recuerdan los periodistas. Un reportaje sobre fallas en el Bandes estaba en proceso esa semana en el departamento de investigación. “¿Podrá publicarse?”, preguntaron entonces los reporteros. La respuesta: “Sí, si está bien sustentado”. Así lo recuerda Mary Trini Mena, ex reportera del canal, quien recién volvía de una hacer estudios por siete meses en el exterior para reintegrarse a una Unidad de Investigación que acaba de perder a su jefa: Lysber Ramos Sol había sido una de las primeras en renunciar tras el anuncio de la venta. Mena, en cambio, se quedó… hasta que la sacaron.

Si buscas, cuidado con lo que consigues

El programa se llamaba Caso de Investigación, salía al aire los domingos y se repetía los miércoles. El equipo estaba conformado por un jefe, un productor-editor y cinco reporteros que, generalmente, contaban con un periodo de una a dos semanas para realizar reportajes de profundidad sobre distintos temas. Con la salida de Ramos Sol, el departamento se mantuvo sin jefe durante su extinción paulatina: la gerencia del canal fue desplazando a varios de sus integrantes hacia otras funciones como la reportería de calle y la presentación de noticias. Mena, con siete años de labores era la veterana del grupo, así lo explica. Contrató a un nuevo personal de reemplazo para garantizar la continuidad del programa. Ejerció, además, labores de coordinación mientras esperaba la designación de un nuevo jefe. Las condiciones de trabajo, sin embargo, fueron cambiando: dos reportajes, uno sobre escasez de papel sanitario y otro sobre fallas del servicio eléctrico, no contaron con la respectiva retransmisión del miércoles. Mena y su equipo exigieron explicaciones. “Nos pusieron a hablar con distintas personas, con el jefe de producción y otros. Nos dijeron que los temas estaban desfasados y no querían repetirlos”.

Poco después, otro obstáculo se sumó a su labor reporteril: los trabajos ya no serían difundidos sin una versión contrastante de voceros del Gobierno. Como quiera que los funcionarios gubernamentales boicoteaban de manera sistemática al equipo de Mena, la decisión equivalía en los hechos a una congelación de labores. “Quisimos hacer un trabajo sobre las muertes en las alcabalas, pero el ministro de Interior y Justicia nunca nos contestó y por eso el programa no pudo salir”, cuenta.

De cara a los comicios regionales de diciembre de 2014, la gerencia planteó a los miembros del departamento un proyecto de cobertura electoral para recorrer el país y abandonar Caso de Investigación. La razón de la clausura fue expuesta, recuerda Mena, de forma cruda y directa por la directora de Globovisión, Mayela León: “Investigar da problemas y los nuevos dueños no quieren problemas”.

El último reportaje del programa, que abordó el tema de la escasez de vehículos nuevos en el mercado, a cargo del periodista Reimy Chávez, motivó la apertura del primer procedimiento, desde la venta, de parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra el canal. La productora y el editor fueron despedidos y Mena obligada a tomar un mes de vacaciones. A su regreso, fue recibida con un cheque de despido. “No tenemos dónde ponerte”, le dijo el presidente del canal, Gustavo Perdomo. Sus ofertas de elaborar trabajos de profundidad para el noticiero fueron rechazadas. “Los dueños no quieren eso sino noticias planas”, le explicó León.

Reimy Chávez,  entretanto, fue confinado al rol de presentador de noticias. Desde esa posición también propuso al jefe de producción, Ulises Castro, una serie de trabajos especiales sobre temas de interés social, como la escasez de cemento, las colas para comprar bombonas de gas y protestas estudiantiles. Ninguna, por falta de acuerdo, llegó a concretarse. Chávez estaba en desacuerdo, entre otras cosas, con la cobertura superficial de las noticias, así que aprovechó su nuevo rol para anunciar en vivo, frente a las cámaras, su renuncia el 2 de abril de 2014. “No fue una decisión sino un impulso”, acepta.

Funcionarios de seguridad de Globovisión no dejaron que, siquiera, redactara una carta formal de renuncia. Tomaron como bueno su anuncio en pantalla y lo sacaron de las instalaciones del canal al terminar ese segmento de la emisión estelar del noticiario.

Control en las regiones

Al principio, relata Giselle Almarza –ex corresponsal de Globovisión en el estado Anzoátegui, al este del país-, todo marchó como se lo habían pronosticado: después de la venta del canal a sus nuevos dueños, cuando cubría alguna denuncia, lograba conseguir –a diferencia de antes- alguna versión oficial. Pero eso fue sólo uno de muchos cambios. La coordinadora de corresponsales, Gaudy Contreras, renunció después de que designaran a un director de corresponsalía, por encima de su cargo. Lo consideró un despido indirecto, asegura Almarza.

La nueva gerencia de coberturas regionales del canal comenzó a intervenir más de lo acostumbrado en los guiones de los corresponsales. “Se notaba mucho porque colocaban palabras que uno no usaba, palabras que ni siquiera la gente conoce: querían que dijera ‘ínfimo estipendio’ en vez de ‘salarios bajos’; ya no podías decir ‘protestas pacíficas’; como tampoco ‘desabastecimiento’ sino ‘dificultad para encontrar los productos’”, expone Almarza. Las imágenes de violencia, prohibidas por Conatel en horario diurno y vespertino, también brillaron por su ausencia en las emisiones nocturnas a partir de la venta, explica.

En febrero de 2014, cuando empezaron en diversas ciudades las protestas que mantendrían al Gobierno de Nicolás Maduro en jaque hasta mayo, se intensificaron las nuevas instrucciones: no abordar el tema del desabastecimiento para no alarmar ni desestabilizar al público, era una de ellas. La palabra “guarimba” se sumó al índice de términos prohibidos.

Las notas sobre las manifestaciones eran de menor duración -50 segundos- a las que tradicionalmente solían grabar los corresponsales –entre uno y un minuto y medio-. Y muchas de ellas no salían en pantalla. Almarza y su camarógrafo recibían reclamos y ofensas de parte de jóvenes y señoras manifestantes: “Vienen a grabar pero no sale nada por la televisión”, les criticaban. La reportera decidió renunciar luego de que el canal no apoyara sus denuncias contra amenazas personales recibidas de parte de un colectivo armado pro oficialista. El asesor legal de Globovisión, incluso, la persuadió de no acudir a la Fiscalía General de la República.

A Madelyn Palmar, ex corresponsal de Globovisión en el estado Zulia (noroccidente del país, junto a la frontera con Colombia), le modificaban –al igual que a Almarza- las notas sin previa notificación. Palmar cuenta que se enteraba de ello durante la transmisión del noticiero: algunos testimonios e imágenes eran eliminados de sus reportes. “Las noticias fuertes contra el gobierno quedaban de últimas en el noticiero”, agrega. Su salida del canal, no obstante, se definió con la cobertura de una protesta en Palaima, una zona residencial de Maracaibo, la capital del estado. “Teníamos imágenes donde se veía a la Guardia Nacional girando órdenes a un colectivo armado de disparar contra los edificios y quemar vehículos”, explica Palmar. Esa noche, mientras el camarógrafo se encontraba atrapado en la zona de conflicto, Palmar fue informada de que el equipo técnico de las corresponsalías sería reemplazado al día siguiente. Ella y otros corresponsales, como Doricer Alvarado –reportera de Lara-, renunciaron en rechazo a la medida.

Meses antes, el canal había prometido a los técnicos su incorporación en nómina.

El episodio violento de Palaima no tuvo ninguna mención en Globovisión. Los materiales enviados por Palmar y sus compañeros jamás fueron transmitidos. “Ustedes renunciaron y no tenemos que darles explicaciones”, les contestaron en el canal. La información finalmente se dio a conocer a través de CNN en Español: los ex corresponsales de Globovisión entregaron el video al periodista Fernando Del Rincón, quien, además, los convenció de hablar en su programa sobre ese caso de censura. “Lo que sucedió en Zulia, donde muchas personas hasta hoy aún no han podido recuperarse, para Globovisión nunca existió, no pasó nada”, dice Palmar con indignación.

También en la trastienda

Jesús Chúo Torrealba, productor nacional independiente para entonces, se enteró la mañana del 14 de agosto de 2013, por comentarios de técnicos del canal, de que sus dos programas, El radar de los barrios y Del dicho al hecho, serían sacados del aire. Extrañado, se dirigió al despacho de Juan Domingo Cordero, entonces directivo de Globovisión –posteriormente se separaría de la empresa-, en busca de una explicación. Este le informó que se ejecutarían una serie de modificaciones y que sus dos espacios, fuertemente críticos del gobierno, no encajaban dentro del nuevo concepto de programación. “Yo creo en la libre empresa, tú compraste este canal y tienes derecho a manejarlo como tú quieras”, recuerda haberle contestado Torrealba, actual Secretario Ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Ese mismo día, Leopoldo Castillo transmitió su último programa de Aló Ciudadano y, como una muestra de solidaridad ante su renuncia, los periodistas Román Lozinski, Sasha Ackerman y Jorge Luis Pérez Valery se negaron a presentar el noticiero. La gerencia, a modo de represalia, les prohibió la entrada a las instalaciones del canal.

Fueron algunos de los casos más evidentes de lo que pasaba en el canal, pues se trataba de rostros conocidos para el público que de pronto desaparecían de pantalla, cuando no tuvieron oportunidad abierta de despedirse delante de las cámaras.

Un poco más calladamente, los productores de los espacios informativos y de opinión lidiaban con las nuevas directrices de los dueños del canal, y no siempre salían airosos.

José Olmos, ex coordinador de estudio –encargado de la transmisión de los noticieros-, por ejemplo, da cuenta del incremento de los minutos destinados a la difusión de noticias del oficialismo en detrimento de información relacionada con la oposición venezolana o con protestas de calle por fallas de servicios públicos. El líder opositor, Henrique Capriles Radonski, asegura Olmos, fue vetado para transmisiones en vivo mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello –primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unidio de Venezuela (PSUV)-  debía aparecer cada vez más destacado en la programación. “Yo me sentía inconforme con mis supervisores directos. Aunque siempre obtenía una negativa, yo no podía quedarme callado, tenía que  seguir denunciando que no se estaba haciendo buen periodismo”, dice. La gerencia del canal rechazó sus quejas y fue despedido. “Me dijeron que había otros periodistas que, como yo, estaban en una lista y que iban a salir de Globovisión si no se ‘ponían al derecho’”.

Vanessa Ugueto y Serena Rangel, productoras también, ofrecen testimonios similares. Las dos, como Olmos, fueron despedidas tras emitir reclamos en torno a los cambios. Rangel, productora del programa matutino Primera Página, se vio obligada a cancelar en varias ocasiones y a último momento, entrevistas con voceros de la oposición para ser remplazados por representantes del chavismo. “El tema de cancelar a los invitados no me dejaba hacer mi trabajo (…) Cuando llamaba a las personas que los jefes me decían, me daba cuenta de que ya alguien los había contactado antes”, cuenta Rangel. No siempre accedió a las órdenes: se negó, por ejemplo, a cancelar una entrevista con el diputado opositor Ismael García, la noche anterior a la cita estipulada. La gerencia, a través de Carlos Ramírez –uno de los nuevos jefes-, reprendió a la periodista por sus quejas. “Aquí hay intereses económicos qué defender y tenemos que responder a esos intereses (…) Ya te expliqué que hay que obedecer”, son algunas de las palabras de Ramírez que recuerda Rangel. Al día siguiente, fue despedida.

Ugueto afirma que las noticias de Sucesos fueron disminuidas progresivamente y que eran reemplazadas cuando surgían informaciones de otra índole. La periodista no dudaba –relata- en discutir sobre sus notas, cuando, por ejemplo, le exigían reducir los minutos para temas de oposición. Ella pedía justificaciones periodísticas. También afirma que las narraciones habladas en el sitio por los periodistas que salían en cámara, eran eliminadas o editadas en los reportes que finalmente salían al aire,  sin que les informaran con anterioridad. “Yo los llamaba para avisarles y denunciaba todos esos casos de censura en mi Twitter”, dice la productora. Sus publicaciones comenzaron a ser criticadas por algunos jefes, según comentarios que llegaron a oídos de Ugueto. Días después, el consultor jurídico del canal, Sergio Arango, no dio argumentos cuando le informó de su despido. “Le pedí que me dijera por qué me estaban botando y contestó: no tengo nada que decirte”, recuerda.

Gabriel Bastidas, antiguo productor de redes sociales de Globovisión, asegura que desde finales de 2013 comenzó la censura en la página web. “Empezaron a ordenar que quitáramos notas ya publicadas en la página, como una sobre el nombramiento de un familiar de Cilia Flores”, cuenta. Bastidas manifestaba, como otros, su molestia a través de su cuenta personal de Twitter.

Algunos rumores señalaban que la gerencia estaba descontenta con sus publicaciones y, poco después, fue despedido debido a “un proceso de reestructuración”.

La directora Mayela León, en cambio, fue más directa con el reportero David De Matteis: le informó que la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez –actual Canciller de la República-, había llamado al canal para “pedir su cabeza” a raíz de un tuit crítico del presidente Nicolás Maduro que De Matteis difundió durante una rueda de prensa del mandatario venezolano. El periodista recuerda las palabras de León: “Por órdenes de los dueños del canal, no puedes seguir aquí”. Pidió una cita con el presidente Gustavo Perdomo, con quien el periodista consideraba haber hecho empatía desde su ingreso. Perdomo, sin embargo, aunque con cordialidad –dice De Matteis-, fue tajante en su respuesta: “Si eres molesto para el gobierno, no podemos hacer nada”.

Se solicitó durante varios meses, por vía telefónica y personalmente en la sede del canal –a través de la Dirección de Relaciones Institucionales-, una entrevista con León y Perdomo, pero hasta la fecha de esta publicación no se obtuvo respuesta alguna.