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Restringir el acceso a la información pública es ponerle freno al desarrollo democrático

La inquietud de los ciudadanos por obtener información, que debería ser de carácter público y estar al alcance de todos, ya no resulta razón suficiente para acudir a las instancias gubernamentales a solicitar respuestas. La sentencia 745 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 15 de julio[1], impone requisitos para solicitar información que van en contra de los estándares internacionales y en definitiva restringe el acceso a la información. La decisión de la Sala Constitucional donde se declara la privacidad de los sueldos de los funcionarios públicos, constituye un retroceso en materia de acceso a la información, desvinculándose de los postulados constitucionales que garantizan la participación ciudadana en la gestión y la transparencia en la administración pública.

En Venezuela, el derecho de acceso a la información pública ha sido tema central de trabajo para representantes de organizaciones no gubernamentales. Ejemplo es el caso de Mercedes De Freitas quien invita a través de su libro, recién publicado[2], a velar por el cumplimiento de este derecho formulando solicitudes de información y que cada uno de los venezolanos ejerza la contraloría social desde su entorno, con el único fin de vigilar la gestión pública para que las acciones devengan en verdaderos beneficios para el país y sus ciudadanos.

Pero mientras las acciones de la sociedad van en función de un mejoramiento en la calidad de vida y el ejercicio pleno tanto de derechos como de deberes, las autoridades buscan la forma de ilegitimar este proceso. Venezuela parece ir en retroceso, afianzando estructuras de poder centralizado y restringiendo las acciones de la sociedad civil en pro del fortalecimiento de las instituciones.

En casi todos los países latinoamericanos ya se ha aprobado una Ley de Acceso a la Información Pública, y en los que aún no, la sociedad civil se encuentra trabajando en función de alcanzar este importante objetivo. La primera semana de junio fue aprobada y ratificada ante la Asamblea General de la OEA una Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública que reúne estándares mínimos para garantizar el ejercicio de este derecho en los países de la región. De igual forma, y en contraposición a lo acontecido en nuestro país con la recién aprobada en primera discusión Ley de Contraloría Social, el Tribunal Superior Federal de Brasil anuló la prohibición de divagación de los salarios por riesgo a la seguridad de los funcionarios que había sido establecida por el Tribunal de Justicia de Sao Paolo, garantizando el derecho ciudadano a conocer los salarios de los servidores públicos. En torno a estos acontecimientos gira el mundo de hoy.

Sin embargo, en Venezuela los proyectos de leyes de acceso a la información no solo se han engavetado en la Asamblea Nacional, sino que se ha contrariado el proceso aprobando decretos como el Nº 7.454 del 1° de Junio, que establece la creación de un Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA). El Decreto Presidencial N° 7454 en su artículo 9 establece la facultad del Presidente o Presidenta del CESNA de declarar el carácter reservado, clasificada o de divulgación limitada cualquier información, hecho o circunstancia. En consecuencia, el Decreto no establece con claridad y precisión qué tipo de información puede clasificarse, por lo que depende de la discrecionalidad del funcionario, en una clara violación a los postulados constitucionales que prohíben a los funcionarios públicos reservarse información de interés nacional.

La visión de desarrollo compartida por países latinoamericanos y del mundo donde existe una Ley de Acceso a la Información Pública tiene carácter universal y es atendida como una necesidad plena para garantizar la democracia en las naciones. Ir en contra de la rendición de cuentas y la supervisión de la gestión pública a través de la contraloría social es condenar las libertades en su máxima expresión y ponerle freno al desarrollo democrático.

Con un acceso a la información pública cada vez más limitado, restricciones a la libertad de prensa y privativas de libertad ante denuncias formuladas en medios de comunicación, el resultado es un comportamiento de autocensura y silencio por parte de una sociedad que no visualiza justicia en ninguno de los entes gubernamentales.

Es así como se impone una política tergiversada que solo conduce a la descomposición de los valores de integridad y ética.

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[1] Ver sentencia completa: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/745-15710-2010-09-1003.html

[2] El acceso a la información pública en Venezuela: Transparencia Vs Opacidad.

Ver: Comunicado en Pdf

COMUNICADO

Acerca de nuestro financiamiento y la campaña difamatoria en contra de Ipys Venezuela

En Venezuela no constituye delito alguno trabajar con aportes de la cooperación internacional.  Nuestra organización, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), registrada públicamente como Asociación Civil, cumple con la normativa venezolana y además se rige por los estándares que siguen Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de todo el mundo en sus relaciones con fuentes de financiamiento.

Desde su fundación en 2002, Ipys Venezuela viene realizando actividades en tres áreas relevantes para el desarrollo de una mejor práctica periodística en el país: Monitoreo de Libertad de Prensa, Formación de Periodistas (especialmente en el campo de periodismo de investigación) y Promoción del Uso del Acceso a la Información Pública como una Herramienta del Periodismo. Esas actividades –entre talleres, foros, charlas, premios, investigaciones, etc- se llevaron a cabo con el apoyo financiero de distintos aportantes con pluralidad de orígenes y propósitos, que incluyen tanto entes estatales y fundaciones privadas del exterior, como organismos multilaterales.

Los programas que amparan tales actividades fueron concebidos y diseñados, con plena libertad, por los responsables de Ipys Venezuela, quienes en su oportunidad los sometieron a la consideración de diversos aportantes, que regularmente aceptan o rechazan apoyarlos, de acuerdo a sus potestades. Ipys Venezuela no ha efectuado ni efectuará programas a pedido de terceros, ni tampoco bajo control conceptual u operacional de terceros, ni que no se correspondan a los fines institucionales de la organización, expresados en su matriz estratégica. Por supuesto, rinde cuentas a sus aportantes acerca de la gestión de los recursos aportados, misma que es auditada con regularidad en aras de la transparencia administrativa.

Todas las actividades de Ipys Venezuela se realizan a la luz pública. Participan periodistas, investigadores y académicos de cualquier opinión o credo, bien como cursantes o como instructores, tal como puede comprobarlo cualquier ciudadano venezolano. En Ipys Venezuela creemos que hay oportunidades de mejora en las prácticas de nuestro periodismo, de modo de hacerlo mejor narrado, más profesional, profundo, independiente de cualquier poder y relevante. Por ello trabajamos, guiados por los principios de pluralidad y transparencia en todas nuestras actividades.

Ipys Venezuela lo conforman periodistas venezolanos de diversas experiencias y visiones.  Todos cuentan con un prestigio profesional bien ganado desde antes del actual proceso político que afecta a Venezuela, prestigio siempre vinculado con la honestidad y la independencia.

En su constitución se siguió el modelo del Instituto Prensa y Sociedad, a cuya red está afiliado, y creado en Perú en 1993 por algunos de los mejores reporteros de ese país para defender el oficio en medio de las amenazas proferidas (y cumplidas) contra el periodismo por el régimen autoritario de Alberto Fujimori.

 A lo largo de sus ocho años de existencia, Ipys Venezuela participa activamente en eventos y redes de alcance internacional, en las que ha obtenido reconocimiento por parte de organizaciones latinoamericanas y globales.

Los aportes de entes internacionales que ya actúan en Venezuela tienen y seguirán teniendo gran importancia en tanto la empresa privada local no esté en capacidad –disuadida por los entornos político y económico- de hacer mayores aportes a organizaciones que a sí mismas se definen como “No gubernamentales” (como el caso de Ipys Venezuela) y mientras grandes actores internacionales de carácter privado duden en incorporar a Venezuela en sus agendas por el clima hostil a las ONGs que detectan en el país.

Amenazas, calumnias y campañas difamatorias que adelantan con absoluta impunidad agentes políticos contra Ipys Venezuela y otras organizaciones venezolanas de la sociedad civil, pretendiendo mostrarlas como apátridas o simples ejecutores de instrucciones foráneas por el hecho de financiar sus programas con fondos procedentes del extranjero, no hacen más que ratificar ese clima hostil.

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Interesados en el ejemplar del libro Métodos de la Impertinencia, sobre Periodismo de Investigación, editado por Ipys Venezuela, favor llamar a nuestras oficinas (421.23.09/23.40) para organizar su entrega.

Jurados de Colombia, Costa Rica y Venezuela evaluarán trabajos
Ipys Venezuela convoca II Concurso Nacional de Reportajes de Investigación Periodística

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) anunció el lanzamiento de la segunda edición del galardón que busca reconocer el periodismo de investigación en el país en tres categorías: Impresos, Radio e Internet/Multimedia. María Teresa Ronderos (Colombia) y Mauricio Herrera (Costa Rica), junto a los periodistas venezolanos Marianela Balbi y Alfredo Meza, conforman el jurado del premio que se entregará en febrero de 2011.

Ver: Bases del Concurso / Nota de Prensa

COMUNICADO DE LA ALIANZA REGIONAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN VENZUELA

La Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información manifiesta su profunda preocupación por una serie de hechos que evidencian un deterioro de las libertades informativas en Venezuela...

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